Entre el ridículo y lo patético está resultando ver a nuestros adversarios políticos fotografiarse junto a la Plaza de Toros, eludiendo sus problemas y, en algunos casos, su responsabilidad. Que el PSOE de Atarfe difunda un video atribuyéndonos los despropósitos de lo que ocurre con el recinto taurino es de una bajeza moral y de un cinismo preocupante.

Por Atarfe Sí (PASI) quiere aclarar las razones por las que la Plaza de Toros está cerrada para la celebración de espectáculos y desmentir las falsedades que de forma interesada están vertiendo otras candidaturas en su intento de confundir a los ciudadanos para sacar rédito electoral.

Ya le adelantamos que PASI ni ha gastado no gastará, como hizo el anterior gobierno, dinero público -403.000 euros- en espectáculos taurinos, ni regalará entradas a sus amistades.

A continuación enumeramos cuestiones que todos los vecinos y vecinas de Atarfe deben conocer porque son ellos y ellas los que pagan los caprichos megalómanos de quienes nos precedieron. Pero vamos a empezar por nuestra propuesta de futuro que guarda relación con la obligación de garantizar la seguridad de los espectadores que acudan a los distintos eventos que puedan celebrarse en la Plaza de Toros y la necesidad de crear las condiciones para generar riqueza aprovechando sus locales.

Nuestra propuesta de futuro pasa por solucionar los graves problemas que tiene la Plaza de Toros desde que abrió las puertas y que ponen en riesgo la seguridad, según consta en varios informes técnicos, soluciones que deben consensuarse con la Subdelegación del Gobierno en Granada. Una vez resuelto el problema constructivo, la Plaza de Toros podrá albergar eventos culturales, deportivos y de ocio con plena garantía de seguridad para los espectadores que asistan. Al mismo tiempo, PASI considera prioritario reconvertir los locales que aún dispone en el recinto taurino para ponerlos a disposición de futuras empresas tecnológicas y de otros sectores productivos que contribuyan a crear riqueza en el municipio.

El coste inicial del Coliseo que promovió la empresa municipal Proyecto Atarfe, hoy en proceso de liquidación, se cuantificó en 3,7 millones de euros con la cubierta incluida (Ver noticia de ABC de 2002), cubierta que hoy tampoco funciona. Nadie explicó por qué una plaza valorada en 3,7 millones pasó a costar 7’5 millones más otro millón y medio de intereses por la pérdida de un contencioso judicial que cifró la deuda con el Banco Santander en 9.579.872’51 € (Auto de fecha 29/10/2012, del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Granada). Su construcción sirvió para que muchos se lucraran y el Ayuntamiento se endeudara durante décadas. PASI recuerda que el Ayuntamiento se vio inmerso en un procedimiento de embargo de bienes municipales por el impago de la hipoteca que el Santander concedió en el año 2009 a la empresa municipal Proyecto Atarfe, avalada con los locales de la Plaza de Toros. Fue el Juzgado de Primera Instancia 15 de Granada quien ordenó el embargo de locales de la plaza y otro bienes municipales a favor de una entidad bancaria como aval para afrontar el crédito.

Los Fondos de Ordenación que el frente ANTIPASI (PSOE, PP y Ciudadanos) puso en peligro con su espantada del pleno extraordinario de marzo de 2018 y que ahora, según afirma el portavoz popular, no sin cinismo e hipocresía, fue posible gracias al “rescate del Gobierno de Rajoy”, fue en realidad un préstamo que, como dijo nuestra compañera y portavoz Rosa Félix, se votó por “imperativo legal” para ordenar en años venideros la cuantiosa deuda acumulada por los anteriores gobiernos socialistas y para recuperar 24 propiedades municipales que la justicia embargó al Ayuntamiento por el impago de la construcción de la Plaza de Toros. En caso de que no se hubieran aprobado los fondos de ordenación, el Santander hubiera reclamado, además de los 9,5 millones, otros 6,2 por intereses de demora.

La causa de que la plaza de toros permanezca cerrada obedece a informes técnicos que consideran que “no es apta” para la celebración de espectáculos con asistencia de público por sus deficiencias estructurales que afectan a la seguridad y que se detectaron en 2008.

Una inspección realizada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, cuyos resultados se ofrecieron al Ayuntamiento en septiembre de 2008 [enlace al informe], ya advertía de que la construcción “incumplía la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y del Reglamento Taurino de Andalucía”. Aquel documento recoge un total de cincuenta anomalías, siete de carácter ‘leve’ y cuarenta y tres calificadas como ‘graves’. Para que se hagan una idea: el fondo de las filas de asientos es de 0,80 metros, cuando tendría que ser de 0,85, mientras que las escaleras para los pisos altos de las gradas deben tener como mínimo una anchura de 1,8 metros frente a los 1,18 metros existentes. Habría que llevar a cabo, por tanto, una redefinición de espacios que significa básicamente ‘hacer de nuevo’, si bien se están buscando alternativas consensuadas con la Subdelegación del Gobierno.

Desde el área técnica de actividades se inició hace unos meses las gestiones para tratar de regularizar la situación de todos los espacios públicos, incluido el de la Plaza de Toros. La intención del equipo de gobierno, manifestada en reiteradas ocasiones a preguntas de la oposición, es solucionar todos los problemas que actualmente tiene la plaza para la realización de actividades culturales y deportivas.

En los últimos meses se han iniciado los trabajos para obtener el certificado de seguridad y solidez de las distintas estructuras, otro sobre medidas correctoras, además de solicitar presupuesto a una empresa para solucionar el problema con la estructura. También se ha elaborado un plan de autoprotección que fue aprobado en el pleno, y se han realizado, entre otras actuaciones, inspecciones de las instalaciones eléctricas y del ascensor por parte del Organismo de Control Autorizado (OCA).

Es rotundamente falso que un empresario manifestara al alcalde su intención asumir la deuda de la Plaza a cambio de su explotación, como así se ha encargado de difundir la oposición. Si se hubiera dado el caso, este equipo de gobierno hubiera informado a la oposición para llevar a efecto dicha operación. Pero, de verdad, ¿creen los vecinos y vecinas de Atarfe que alguien puede estar interesado en una plaza hasta entonces sin pagar y con serios problemas constructivos? Las mentiras son una tomadura de pelo a los vecinos y vecinas de Atarfe, y son una prueba más del rigor y seriedad de algunos partidos de la oposición.

Cuando PASI llegó al Gobierno requirió a la Escuela Taurina, creada en 2007, información sobre el convenio que regulaba el uso de las instalaciones ante la inexistencia de expediente alguno en los archivos municipales, constatando que la relación con dicha escuela era verbal. También se le solicitó los estatutos, memoria de actividades, recibo de seguros de responsabilidad civil y todos aquellos documentos que exige la normativa. Una vez aclarada la situación, el Ayuntamiento no ha puesto impedimento alguno para que se sigan realizando las clases en el recinto de toros siempre y cuando no se utilicen animales en las prácticas, no autorizando actividad que entrañe peligro para menores de edad y sufrimiento para el animal.

Según la contabilidad municipal y a falta de un análisis más detallado de la facturación de años pasados, anteriores corporaciones destinaron en los últimos años 403.035 euros para actividades relacionadas con los toros organizadas por un empresario. Solo en 2007 se dedicaron 168.125 euros a eventos taurinos, siendo habitual que la ayuda municipal se materializara a través de la compra de entradas de una parte del aforo de la plaza de toros, como ocurrió en 2006 cuando se gastaron 60.000 euros en dicha práctica, entradas que el entonces equipo de gobierno regalaba entre vecinos, aficionados y autoridades. El equipo de gobierno ha dado por finalizada esta práctica dada la delicada situación económica del Ayuntamiento y ante la necesidad de atender servicios prioritarios para los ciudadanos, como la atención social de vecinos que lo están mal como consecuencia de la crisis.