El 26 de mayo, los vecinos y vecinas de Atarfe se juegan mucho: volver al pasado oscuro que ha condicionado el presente y futuro del pueblo o seguir avanzando con una mayoría suficiente que impida el bloqueo sistemático de un frente común, supeditado a las directrices de sus partidos y de espalda a los intereses de los ciudadanos.

Por Atarfe Sí (PASI) ha sufrido en estos cuatro años la estrategia de acoso y derribo de la oposición, incluso la amenaza de una moción de censura con un pacto de PSOE, PP y Ciudadanos que finalmente no llegaron a consumar. El grupo municipal del PSOE no nos perdonó que ganáramos las elecciones de 2015 y no dudó en ponerse en manos del PP con el objetivo de formar un frente común ANTIPASI para bloquear la acción del gobierno, una alianza antinatural a la que se sumó Ciudadanos y que han mantenido en los temas cruciales hasta el final. Por poner un ejemplo: solo con la aprobación del plan de saneamiento se hubiese conseguido una moratoria de la deuda a los bancos durante tres años y destinar 8’4 millones a inversiones.

Que el candidato socialista, Pedro Martínez Parra, diga ahora que representa al sector renovador y que no tiene nada que ver con la “mochila” que dejaron sus compañeros de partido, en alusión a la herencia de los años de corrupción, dice poco de la capacidad de regeneración de un partido que ni siquiera ha pedido perdón a los vecinos y vecinas de Atarfe. La renovación empieza por expulsar a los concejales del grupo municipal socialista que se sumaron a la planificada acción de asfixiar al equipo de gobierno sin importarles las consecuencias para los ciudadanos.

Y su mochila es una pesada losa con la que nos ha tocado cargar y que llevarán los ciudadanos a sus espaldas durante muchos años.

A continuación enumeramos importantes iniciativas que no salieron adelante por los obstáculos y zancadillas que recibimos del frente común ANTIPASI, en los que los principales perjudicados han sido los vecinos y vecinas de Atarfe:

Los votos de los concejales del PSOE, PP y Ciudadanos impidieron aprobar el plan de saneamiento financiero que el equipo de gobierno presentó hasta en dos ocasiones en pleno extraordinario. El citado plan permitía aplazar el pago de la deuda de los bancos por un periodo de tres años para solventar otros compromisos de pago y poner en marcha medidas de reactivación económica. La moratoria de tres años permitía disponer de 8,4 millones de euros para atender, principalmente, el gasto corriente y los servicios esenciales. Este respiro posibilitaba, entre otras cosas, trazar un plan a ser posible consensuado entre todos los grupos políticos, que favoreciera el empleo y la promoción económica en nuestro municipio.  Sin embargo, el frente ANTIPASI dio prioridad, con su voto en contra, al pago de la deuda a los bancos en su intento de asfixiar al equipo de gobierno sin importarles que el ciudadano sea la principal víctima de su irresponsabilidad.

La no aprobación de las cuentas de 2019 por parte del frente ANTIPASI afecta a las inversiones previstas para este año y conlleva no poder aplicar las mejoras a los trabajadores municipales que se incluían en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), entre ellas las salariales. Nuestra candidata y portavoz del gobierno, Rosa Félix, argumentó que el presupuesto era “imprescindible” para ejecutar inversiones que estaban sujetas a subvenciones de otras administraciones con las que realizar la guardería, la Escuela Taller y su vivero, la construcción de la pista de atletismo y el arreglo de vestuarios, la remodelación de los tres Juanes, caminos rurales, actuaciones relacionadas con el Plan de Fomento de Empleo Agrario y la adquisición de un vehículo eléctrico. Sobre la RPT, estaba prevista la subida de 342.000 euros para resolver desajustes históricos en la plantilla de los trabajadores, si bien permitía absorber los 219.000 euros que todos los años se dan en concepto de complementos consolidados y que antes se repartían de forma arbitraria.

“Ustedes han elegido poner los intereses de sus partidos por encima de los intereses del pueblo, podrán confundir con su discurso a muchos, pero afortunadamente en este pueblo también hay muchas personas con sentido común que no entienden cómo lo que es bueno para el pueblo no se vota por todos”, añadió.

PSOE, PP y Ciudadanos tienen en su haber la suspensión de la bolsa de empleo que venía funcionando en Atarfe desde 2011, cuando fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas. La bolsa que quería aprobar PASI pretendía mejorar la existente, darle una vigencia de 4 años y que se valorasen los méritos profesionales, la formación académica y la situación social. La propuesta que el equipo de gobierno trató de consensuar con la oposición y que se llevó a pleno para su aprobación tenía previsto reservar un porcentaje de la bolsa para las personas con discapacidad, para víctimas de la violencia de género y otras personas en una situación de extrema necesidad.

Los grupos municipales PSOE, PP y Ciudadanos impidieron con su voto en contra la aprobación del reglamento de Participación Ciudadana que presentó el equipo de gobierno con la incorporación de casi la totalidad de las alegaciones realizadas por colectivos sociales y particulares. Los portavoces de los tres partidos coincidieron en argumentar, entre otras razones, que “se les daba voz pero no voto” en el Consejo de Ciudad, el órgano de carácter “consultivo y de participación, amplio y plural” que, según la redacción del reglamento, tenía potestad para “emitir informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos”. Dicho órgano lo presidía el alcalde Francisco Rodríguez Quesada y el frente ANTIPASI no vio bien que tuviera voz y voto. De nada sirvió que el alcalde, en nombre del equipo de gobierno, accediera a renunciar al voto si con ello se llegaba al consenso. No fue posible.

El voto contrario de PSOE, PP y Ciudadanos impidió sacar adelante el acuerdo regulador de funcionarios, pese a que los sindicatos habían firmado el documento que se presentaba para su aprobación. La mesa general de negociación de los empleados públicos es el órgano competente para alcanzar los acuerdos según la legislación, y es ahí donde se llegó al consenso con todos los sindicatos. “Tendrán que explicar a los funcionarios por qué no van a tener la misma igualdad de derechos y conquistas sociales que los laborales”, fue la respuesta de nuestra portavoz Rosa Félix.

No salió adelante la iniciativa del gobierno de Por Atarfe Sí (PASI) de que el Ayuntamiento asumiera la gestión directa del servicio de limpieza de las calles, ni su propuesta para sacar a concurso público la recogida de basuras o residuos urbanos, cuya concesión a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) finalizó el 17 de enero de 2019 y se ha prorrogado hasta lograr una nueva contrata. El servicio de limpieza viaria tendrá que licitarse -por tanto, no será de gestión directa municipal- y las competencias de la recogida de basura se pretenden transferir al Consorcio Vega Sierra Elvira a través de la empresa mixta Sercovira, cuyo capital mayoritario es de FCC, la empresa multinacional que actualmente presta dicho servicio en Atarfe. Los concejales del PSOE, PP y Ciudadanos se opusieron a la decisión del gobierno de sacar a concurso dicho servicio y aprobaron iniciar el expediente administrativo para delegar las competencias en el Consorcio Vega Sierra Elvira a través de la empresa mixta Sercovira. Esta iniciativa fue presentada por el grupo municipal socialista, que ejerció su voto particular, y contó con el rechazo de los concejales de PASI y Ganemos. PASI recusó a una de las concejales socialistas que presentó la propuesta de cesión del servicio a Sercovira por trabajar para el Consorcio.

Nuestro equipo de gobierno llevó al pleno la orden de desalojo de la empresa que esquilmaba sin licencia el monte público del Ayuntamiento en la cantera de Sierra Elvira. Cuando llegó el día del pleno extraordinario, la triple alianza (PSOE, PP y Ciudadanos) lo paralizó con argumentos peregrinos, sin atender al criterio de los técnicos, a la sentencia firme del Tribunal del Supremo y a los requerimientos de otras administraciones. Una reunión previa al pleno del empresario de Afercan con los tres partidos de la oposición -y alguna otra llamada telefónica a gerifaltes políticos- les hizo cambiar el sentido del voto que días antes habían mantenido en la comisión informativa, donde no manifestaron oposición alguna salvo la abstención del PSOE. Su solución no fue otra que votar la retirada del punto del orden del día, echar por tierra el trabajo de los técnicos, dejar que caduque el expediente para que gane más tiempo el empresario y obligar a abrir un nuevo expediente que dilata aún más la solución del problema con la excusa de que lo mejor es constituir un “espacio de diálogo”, tal y como propuso el grupo municipal socialista. Afortunadamente, logramos sacar adelante, no sin dificultades, nuestra propuesta que ha sido recurrida por la empresa.